El gobierno de Axel Kicillof necesita los dos tercios de la Legislatura para autorizar deuda en 2026, pero los bloques opositores exigen negociar lugares en el Banco Provincia y avanzar en la cobertura de cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense.
La discusión por el proyecto de financiamiento que el Ejecutivo presentó en noviembre abrió una pulseada con la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, que reclaman incidir en la reorganización institucional. Los bloques plantearon que acompañarán el endeudamiento solo si se revisa la integración del directorio del Banco Provincia y se garantiza un compromiso para abordar, desde 2025, las cuatro vacantes en la Suprema Corte y la designación del Subprocurador. Dirigentes opositores remarcaron que el máximo tribunal funciona con apenas tres de siete miembros y que el gobierno no envió pliegos durante los últimos años.
En ese tablero, la UCR impulsa nombres como Marina Sánchez Herrero y Miguel Berri para futuras designaciones en la Corte, mientras sectores del peronismo reconocen que Kicillof deberá activar esa negociación más temprano que tarde. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguraron que estos cargos no formarán parte del acuerdo inmediato, ya que su tratamiento requiere un proceso formal de más de un mes según el decreto 735/2004, que establece publicaciones, entrevistas e impugnaciones previas a la elevación de cada pliego.
Donde sí podría haber definiciones rápidas es en el Banco Provincia, cuyo directorio presenta mandatos prorrogados, sillas vacías y espacios que quedarán libres en diciembre. El lugar de Sebastián Galmarini —que asumirá como diputado nacional— y la vacante que dejó Daniel Barrera, fallecido en 2024, abren una negociación directa con el peronismo. El kirchnerismo buscará retener la representación de Laura González, mientras que la UCR y el PRO intentarán reocupar posiciones. Entre los nombres en danza aparece el del senador saliente Marcelo Daletto, considerado una pieza clave para destrabar votos opositores. En ese escenario, el oficialismo deberá equilibrar cargos y apoyos para asegurar la autorización del endeudamiento en la Legislatura.
