La Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su profunda inquietud frente a recientes disposiciones del Estado Nacional que representan un grave retroceso en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
Facundo Mancebo, Defensor del Pueblo de Lanús e integrante de la Comisión Directiva de ADPRA, afirmó que “es fundamental que el Estado asegure una protección real, efectiva y respetuosa hacia las personas con discapacidad, en especial ante decisiones que restringen derechos y amplían las desigualdades”.
El Decreto 843/2024 reinstaura un modelo médico-rehabilitador ya superado, en abierta contradicción con el enfoque de derechos establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Al condicionar el acceso a prestaciones a la inexistencia de familiares obligados a brindar alimentos, y al sostener parámetros restrictivos para definir la incapacidad laboral, se lesiona el principio de autonomía e inclusión. La supresión de la compatibilidad entre pensiones y empleos de baja remuneración incrementa la exclusión social.
ADPRA también formula objeciones a la Disposición 187/2025 de la ANDIS, que, a pesar de haber sido modificada, mantiene una visión reduccionista, basada en criterios puramente médicos y alejada del enfoque de derechos.
A ello se suma la implementación de auditorías masivas sin información clara ni mecanismos accesibles, lo que ya provocó suspensiones injustificadas de pensiones, afectando a personas en situación de alta vulnerabilidad. La falta de articulación institucional, la inaccesibilidad del Certificado Médico Digital y la ausencia de oficinas territoriales profundizan el problema.
ADPRA advierte especialmente sobre las consecuencias de estas disposiciones en niñas, niños y adolescentes con discapacidad, quienes requieren una protección reforzada debido a su doble condición de vulnerabilidad.
En este contexto, la Asociación formula exigencias concretas: garantizar un trato digno y libre de discriminación; establecer procesos administrativos accesibles, razonables y transparentes; derogar el Decreto 843/24; restituir la compatibilidad entre pensiones y empleo formal; reabrir las oficinas territoriales y normalizar los sistemas de atención; y adoptar medidas específicas para la protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
